Este escrito, no pretende ser una crítica  a ninguno de los  operadores jurídicos que intervienen
directa o indirectamente, en la labor de los peritos judiciales, sino una simple constatación de
los problemas con los que nos encontramos, en la realidad diaria de nuestra actividad y un
intento de establecer, como podrían solucionarse.


El art. 335.2, de la ley, reza de la siguiente manera: “al emitir el dictamen, todo perito
deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso,
actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda
favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que
conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito”
está claro que es texto legal de referencia,  impone el deber de objetividad al perito, pero
desde nuestra asociación, en la que cada día, recibimos las experiencias de nuestros peritos,
constatamos, que para que esta objetividad pueda ser efectiva, no es suficiente el simple
propósito del perito, sino que es indispensable la colaboración de los demás operadores
jurídicos.
El perito y las partes de la causa
la recopilación de las experiencias que los peritos tienen con las partes interesadas en el
proceso, nos desvelan actitudes de estas, del todo preocupantes, el perito no debería estar
expuesto, a la manera de actuar y proponer que frecuentemente tienen los letrados de las
causas.
Queremos ser claros y no tirar la piedra y esconder la mano, por lo que de manera sumaria,
expondremos algunas de las experiencias, constatables y demostrables, con los testimonios de
muchos de nuestros peritos.
Las partes, entienden que el perito está a su disposición y que pueden comunicarse con este,
para explicarle extremos de la causa, de las que el perito debería ser totalmente ajeno
actitudes como: “pero bueno, si tú eres perito, ¿no me puedes decir por encima cual va a ser el resultado de la pericial?, es que según el que sea no me interesara hacerla”

“tienes que entender, que al fin y al cabo el que paga manda”


“tienes que entender, que al fin y al cabo el que paga manda”


“pues si no puedes garantizar tal resultado, deberías renuncia y que se nombre a otro”.


“esta cantidad que has pedido por la pericial, es totalmente desorbitada, conozco mil peritos
que cobrarían menos de la mitad”


“a ver yo para esta pericial, quiero un api, y tú no lo eres, por lo que tendrías que renunciar”


estas son algunas manifestaciones comunes, pero disponemos de muchas más y algunas
bastante más agresivas.
Para no hacer estas reflexiones, demasiado extensas, no entraremos a  examinar, la
inconveniencia de todas estas actitudes, pero si nos gustaría puntualizar un par de ellas.
En cuanto a aventurar de manera previa el resultado de una pericial, por muy experto y buen
perito que se sea, esta es una labor del todo imposible, el resultado de una pericial, deviene de
una ardua labor, en la que intervienen varias funciones, detallamos algunas de ellas:
análisis pormenorizado del objeto pericial


análisis de función que tendrá la valoración dentro de la causa según la finalidad de esta.


Frecuentemente, una complicada labor de búsqueda de muestras de comparación, válidas
para la pericial.


La aplicación de coeficientes matemáticos para obtener el resultado correcto de la valoración,
según las normativas vigentes debería ser fácil entender , que es del todo imposible aventurar resultados previos de una valoración y que es del todo inadecuado, presionar al perito para que adelante conclusión alguna de su labor, y además condicionado su respuesta, a renunciar o no , al trámite de la pericial.


En cuanto al coste de la pericial, precisamente, solo el perito sabe lo que representa y el
trabajo que conlleva hacer una pericial, además de la responsabilidad que puede acarrear. Por
lo que en ningún caso los letrados deberían entrar a valorar estos extremos.


Entendemos que si una por ejemplo, estamos ante una demanda de 1500 € y la pericial que
requiere tiene un coste de 800 €, es del todo antieconómico, pero si sucede este extremo,
debería ser el letrado que hiciera la oportuna consideración al juzgado y no dedicarse a
presionar al perito, que en puridad, no es de su incumbencia el extremo de lo reclamado en la
demanda, sino que su obligación es hacer la pericial como corresponde, por lo que su
remuneración debe ser la adecuada.


La conclusión de este apartado, es que la parte debería abstenerse del todo, de comunicarse
con el perito, el perito ha sido nombrado por el juzgado y para preservar su objetividad, no
debe relacionarse con esta.


En caso de la parte desee manifestar cualquier cuestión sobre la pericial o cualquier aspecto
que le pueda afectar, el interlocutor correcto, debe ser el juzgado, que una vez examinada la
pretensión, decidirá si debe o no, hacer llegar alguna consideración al perito.


Otra cosa bien distinta, es que el perito si pueda comunicarse con la parte, ya que a menudo
suele ser necesario, para aclarar extremos necesarios para poder llevar a cabo la propia
pericial.


Es del todo claro y así debe ser, que la parte de una causa persigue un resultado, pero esta
misma parte, debería entender que en ningún caso, contaminar la posición objetiva del perito,
sea de manera voluntaria o involuntaria, es una actuación adecuada, estas interferencias
pueden alterar el resultado de la pericial, produciendo un resultado negativo, tanto desde el
valor de la justicia, como del procedimiento, porque la parte que pueda ser perjudicada,
estará totalmente legitimada para impugnar una pericial que no ha llegado al resultado
correcto, debido a estas interferencias.


El perito y su relación con los juzgados los peritos, por nuestro contacto habitual con los juzgados y sobre todo con sus secretarias, conocemos de la dificultad de la labor de la función pública en el sector de la justicia.


Somos conscientes que la mayoría de los problemas que se dan en la relación con los juzgados,
no devienen de actitudes personales de los funcionarios, sino del gran vacío legal que envuelve
la figura del perito judicial y su labor.


Este vacío, hace que a menudo el funcionario, se vea obligado a tomar decisiones guiado por el
sentido común, pero que frecuentemente no benefician, ni a la labor pericial, ni a las garantías
de la justicia. Igualmente, no pormenorizaremos estas cuestiones, pero sí que enumeraremos algunos extremos.


A) hemos constatado, que a la hora de establecer los honorarios de una pericial, el propio
funcionario, ya tiene unas directrices, del máximo o mínimo de lo que se debe solicitar.
Cada pericial es un mundo, es imposible generalizarlas y no se pueden establecer parámetros
para establecer el coste de su realización.
Mientras no se regularicen estos extremos, invitamos al menos por parte de nuestra
asociación, a que a la hora de constatar la adecuación del coste de una pericial, consulten a
nuestra asociación, nos comprometemos a ser ágiles y dar una respuesta rápida sobre la
cuestión, nos gustaría que nuestra opinión sea un elemento de valoración más, sin en ningún
momento tener la intención de monopolizar el criterio de cuál debe ser el coste de la
valoración.


B) otra cuestión que sería de gran utilidad para evitar dilaciones en el proceso, es el que tiene
que ver con la determinación del objeto de la pericial.
A menudo el perito cuando es citado para ver el expediente, que contiene el objeto de la
pericial, se encuentra con varios tomos, con innumerable documentación. Nuestros peritos, tienen la adecuada formación jurídica para saber dónde y que es lo que
tienen que buscar, para determinar el objeto de la pericial, pero aun así, se suele dar que la
determinación es imposible por diversas causas que sería demasiado amplio enumerar, esta
cuestión obliga a menudo al perito a tener que entran en contacto con las partes,
produciéndose los efectos no deseados de contaminación de la objetividad antes enumerados.
Esta cuestión, seria fácilmente subsanable, si en el propio mandamiento de designación de
perito o en el documento que el juzgado considerara oportuno, se determinara claramente el
objeto de la pericial, es un trabajo añadido para el juzgado, pero creemos que en el fondo
evitaría tener que duplicar tramites, que a la larga significan mucho más trabajo, aparte de
evitar la inadecuada relación perito-parte antes descrita.


Como conclusión a este apartado, creemos que mientras no se pueda establecer una correcta
regulación de la labor pericial, querríamos proponer una solución, que pensamos que podría
ser de mucha utilidad y de la que nuestra asociación de comprometer a ser parte, consistirá en
crear un órgano independiente de asesoramiento de los juzgados, representativo de las
asociaciones y colectivos que figuramos en las listas de peritos judiciales, que de manera ágil y
eficaz, tuviera el objetivo de colaborar con la administración de justicia en todos estos
extremos comentados.


Conclusión
al fin y al cabo, el perito también es un profesional, que después de una preparación (que si es
la que se debe tener), no es sencilla y requiere un arduo esfuerzo, pretende llevar una labor
lucrativa, que junto con el hecho de ser humanos, puede llevar  a verse manipulado por todas
estas circunstancias descritas, con las consecuencias negativas para el funcionamiento de las
garantías de la justicia, por lo que entendemos que es labor de todos defender esta
objetividad, en aras al correcto funcionamiento de la justicia, preservación de la imprescindible
labor pericial y la profesionalización y mejora de nuestro colectivo